Los Angeles . - El caso de la m uerte del niño Gabriel Fernández tras meses de maltratos y abusos quedará imortalizado en un filme en el que la plataforma de videos mundial presentará uno de los casos más desgarradores en la historia criminal contra menores en California y cuestiona al sistema judicial del condado de Los Ángeles.

"Este caso es muy emotivo, agradeceremos a las personas sensibles abandonar la sala", es la petición que el alguacil de la Suprema Corte de Los Ángeles realizó durante el primer día del jucio del niño de Pamdale. Con estas palabras inicia el trailer del documental que estará disponible en la plataforma a partir del 26 de febrero.

El niño murió el 24 de mayo de 2013 por constantes agresiones y abusos de su madre y el novio de esta. A pesar de que la situacion del menor era conocida por un grupo de trabajadores sociales y se encontraba bajo los cuidados del Departamento de Niños y Familia no se evitó el fatal desenlace.
 
La madre del niño, Pearl Fernández, de 32 años, y su exnovio, Isauro Aguirre, de 35, fueron enjuiciados y la fiscalía pidió la pena capital para ambos tras presentar las evidencias en el juicio que indicaron meses de palizas y torturas.

El documental expondrá los abusos a los que fue sometido el menor, así como las posturas de los funcionarios locales y organizaciones que debieron protegerle pero lo dejaron en las manos de sus verdugos. Según con los testimonios que dieron sus hermanos en la corte, el pequeño Gabriel fue rociado con gas pimienta, obligado a comer comida rancia, forzado a consumir su propio vómito y heces de gato. También se indicó que el niño permanecía recluido dentro de un gabinete y en ocasiones fue forzado a orinar y defecar dentro ese espacio reducido.

El reporte del medico forence determinó que el menor sufrió lesiones graves en todo su cuerpo, entre las que se encontraban: fractura osea, quemaduras en todo su cuerpo, mallugaduras, falta de piel en su cuello y ematomas en todas sus extremidades.

Los fiscales entablaron una denuncia contra los trabajadores sociales con el Departamento de Servicios para Niños y Familias del Condado de Los Ángeles que estaban involucrados en el caso, argumentando que no tomaron las medidas adecuadas para proteger al niño y falsificaron documentos relacionados con su caso.
 

Dos trabajadoras sociales, Stefanie Rodríguez, de 34 años, y Patricia Clement, de 69, fueron acusadas junto con dos supervisores, Kevin Bom, de 40 años, y Gregory Merritt, de 64, con un delito grave de abuso infantil y falsificación de registros públicos.

La fiscal del distrito del condado de Los Ángeles, Jackie Lacey indicó que los trabajadores sociales "minimizaron la importancia de las heridas físicas, mentales y emocionales que sufrió Gabriel" y aseguró que los funcionarios "permitieron que un chico vulnerable permaneciera en casa y continuara siendo abusado".
Un informe de la autopsia del menor mostró hematomas, fracturas y cortes en todo el cuerpo, incluida la ingle y perdigones incrustados en su cuerpo.

Gabrielito falleció después ser agredido y abusado por los responsables de su custodia. Pearl Sinthia Fernández, de 35 años de edad y madre del pequeño, fue sentenciada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Isauro Aguirre, un exguardia de seguridad de 37 años y novio de la madre, fue sentenciado a muerte por el juez de la Corte Superior del condado de Los Ángeles. Crédito: Univision

Si el caso contra los trabajadores sociales hubiera pasado a juicio y los acusados hubieran sido condenados, podrían haber enfrentado más de 10 años de prisión.

Pero el lunes, un panel de tres jueces del Tribunal de Apelaciones del 2° Distrito emitió una opinión ordenando a un tribunal inferior desestimar los cargos contra los trabajadores sociales. En una opinión de 2-1, el panel concluyó que no había causa probable para detener a los cuatro acusados de abuso infantil y falsificación de documentos.

" Concluimos que los peticionarios nunca tuvieron el deber requerido de controlar a los abusadores y no tuvieron cuidado o custodia de Gabriel a los efectos del Código Penal sección 273a, subdivisión (a). Llegamos a la conclusión de que los peticionarios no eran oficiales en el sentido de Código de Gobierno sección 6200", escribió el juez Francis Rothschild.
"Por lo tanto, no hay causa probable para retenerlos por cargos de violar esas leyes y el tribunal de primera instancia debería haber otorgado las mociones para desestimar", agregó Rothschild.

Hasta el momento se desconoce si la oficina del fiscal de distrito del condado de Los Ángeles planea apelar la decisión del tribunal de apelaciones o continuar con el caso.
El caso de la muerte Gabriel Fernández contado en imágenes